Los socialistas apoyaron la Ley Montero pese a que el Gobierno de Page advirtió que habría rebajas de pena

En las filas del Partido Socialista se han ufanado en cargar la responsabilidad del desastre causado por la ley del sólo sí es sí al ministerio que lidera Irene Montero y se presentan como los muñidores de un nuevo texto que pretende corregir el desaguisado. Pero lo cierto es que en el PSOE se conocía desde el primer momento el efecto que esta ley tendría: hasta el momento, 466 delincuentes sexuales beneficiados por la rebajas de pena. Lo demuestra un informe elaborado en 2020 por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha que no deja lugar a las dudas. Ya en él se advertía de las rebajas de pena que la Ley Montero provocaría. Este documento no fue óbice, sin embargo, para que los diputados socialistas, incluyendo los castellanomanchegos, apoyasen en el Parlamento la tramitación de la ley.

Se trata de un documento que en un principio se había preparado para uso interno de la consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page. Sin embargo, ante la gravedad de lo que allí se explicitaba, esas rebajas de pena que provocaría la llamada Ley Integral de Libertad Sexual, se remitió a la jefa de gabinete de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad. En el informe se puntualizaban los supuestos fallos de la ley, citando el artículo 179: «Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la prisión de cuatro a doce años (Anteriormente la pena era de 6 a 12 años)».

La consejera de Igualdad, Blanca Fernández, que además es portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, informó a Irene Montero del documento que había recibido su jefa de Gabinete. En dicho informe también se resalta que la nueva ley no hace mención a la atención médica en los Centros 24h. Además, plantea interrogantes sobre la puesta en marcha del servicio de atención a víctimas de trata y explotación sexual, y la forma en que está prevista la financiación, pues resalta que se generan dudas porque se abre la puerta a la concesión de ayudas para financiar recursos privados.

A pesar de que la ministra de Igualdad declaró que no se iban a producir una reducción de penas y que todo era «propaganda machista», cuando éstas empezaron a realizarse en cascada, se cambió de táctica y se pasó a señalar a los jueces, con Ángela Rodríguez ‘Pam’ y Pablo Echenique como cargos más visibles entre los que defendían la tesis de un entorno judicial con «una minoría machista que aplica mal la ley», un bulo que ya desmontó este periódico.

Desde las filas podemitas, se empeñaron en negar las consecuencias de la ley, a pesar de todas las advertencias, por conveniencia política, en un claro paralelismo con lo ocurrido en su día con las conocidas como Marchas de la muerte del 8-M de 2020, cuando se puso la propaganda por delante de la alerta sanitaria ante la epidemia de Covid, que ya era un hecho en España y empezaba a provocar infecciones a gran escala. En el recuerdo, las palabras de Irene Montero, que en un vídeo pensando que no tenía un micrófono cerca llegó a reconocer que la baja participación aquel 8-M se debió «al coronavirus, tía» pero que «no lo iba a decir porque no lo voy a decir, esto es cierre de ministerio».

Con esta ley de Libertad Sexual, según se desprende de este informe, también conocían lo que ocurriría, pero decidieron ocultarlo y seguir hacia adelante. A día de hoy, no se ha depurado ninguna responsabilidad política.